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Bruselas denuncia la ley británica que priva de ayudas a miles de europeos

Posted in Europa, Política & Política Externa by Emilia C. de Paula on 30/05/2013

Bruxelas – EL País – 30/05/13.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un procedimiento de infracción contra Reino Unido por una ley que exige a los ciudadanos de la Unión Europea la obtención del “derecho a residir” sometiéndose a un denominado “test de residencia habitual” para decidir si tienen derecho a recibir ciertas ayudas sociales. Bruselas entiende que esas exigencias adicionales son discriminatorias porque se aplican en función de la nacionalidad del solicitante.

La denuncia llega en un momento políticamente muy delicado porque coincide con el anuncio semanas atrás del Gobierno británico de poner en marcha barreras adicionales a rumanos y búlgaros cuando a partir del próximo 1 de enero tengan derecho a trabajar en territorio de la UE como miembros de pleno derecho de la UE.

 

Lo que para Bruselas es discriminación, para Londres es una herramienta imprescindible e irrenunciable para luchar contra lo que el Gobierno denomina “turismo social”: la llegada de una marea de continentales decididos a vivir a costa del generoso sistema social británico. Un mito que en los últimos meses ha sido explotado por el populista UKIP en su campaña contra la inmigración y por el ala más antieuropea de los tories para desestabilizar y debilitar a su propio líder y primer ministro, David Cameron.

La existencia del turismo social nunca ha sido probada con cifras por el Gobierno y así lo denunció ayer el comisario de Empleo, Asuntos Sociales y Exclusión, Laszlo Andor, que acusó a los políticos británicos de crear alarmismo con reclamaciones “hinchadas por razones de política doméstica”. “Hemos pedido repetidamente las cifras a la Administración pero no hemos recibido nada. Ha quedado probado en varias ocasiones que las implicaciones financieras y las estimaciones sobre la emigración de la UE han sido hinchadas de forma significativa”, añadió.

 

Un portavoz de Bruselas afirmó también que “es simplemente incierto que la normativa de la UE permita que la gente pueda reclamar subsidios nada más bajarse del avión.

 

Hay un sistema común en la UE que fija los criterios por los que se tiene derecho a pedir subsidios en otro país. Pero según las cifras de la Comisión, el 64% de los 42.810 nacionales comunitarios que pidieron subsidios en Reino Unido entre 2009 y 2011 vieron esa petición denegada en virtud de las exigencias adicionales británicas. Unas cifras que, por otra parte, reducen a 9.100 individuos al año las personas que se estarían beneficiando del famoso turismo social.

 

La denuncia de Bruselas, dos años después de que hiciera a Londres una primera advertencia sobre la legalidad de sus restricciones, es un asunto políticamente explosivo en Reino Unido. La cuestión europea ha desestabilizado por completo al Partido Conservador y cualquier decisión de Bruselas se toma como un ataque directo a la patria. “Es absolutamente imperativo que hagamos todo lo que podamos para proteger nuestro sistema de subsidios de los abusos de los inmigrantes”, declaró un portavoz del Departamento de Trabajo y Pensiones.

 

A juicio de Peter Lilley, el político conservador que aplicó la nueva ley que había sido de hecho aprobada en 2004 por los laboristas, las exigencias de la Comisión Europea son “costosas, inoportunas y antidemocráticas”.

 

Lo que sostiene Bruselas es que Reino Unido exige a los nacionales comunitarios unas condiciones adicionales que en la práctica no se le exigen a los ciudadanos británicos e irlandeses. Esas condiciones exigen superar un “test de residencia habitual” para determinar si cumplen con el “derecho a residir” en territorio británico a que está condicionado el acceso a subsidios como las ayudas por hijos, las desgravaciones por hijos, el subsidio de desempleo (basado en los ingresos), pensiones públicas y ayudas al empleo y a la subsistencia.

 

El test no es un cuestionario que permite decidir de forma objetiva si alguien lo supera. Se trata de “tener en cuenta todas las evidencias relevantes relacionadas con el periodo anterior a la entrada del reclamante, el periodo actual y sus intenciones en el futuro próximo”. A la hora de tomar una decisión se tienen en cuenta factores como la extensión y continuidad de la residencia, perspectivas de empleo, razones para haberse establecido en Reino Unido, intenciones futuras y centro de interés. “Esta lista no es exhaustiva y no debería ser utilizada como si fueran casilleros que se marcan para averiguar cuántos puntos hacen falta para que una persona supere el examen. Ninguno de estos aspectos es en si mismo decisivo y algunos pueden ser más convincentes que otros según las circunstancias”, advierte el Gobierno. Es decir, no solo es un test adicional para continentales sino que queda al albedrío del funcionario decidir quién lo pasa y quién no…

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